Ante la posible adjudicación de tierras en Rovira a comunidades indígenas víctimas del conflicto armado, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Comité Departamental de Justicia Transicional, convocada por el Gobierno del Tolima.
El detonante fue el conocimiento de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) podría entregar predios sin una notificación formal a las autoridades locales ni una concertación previa que garantice condiciones de seguridad y dignidad.
🗣️ Alerta desde Rovira
El alcalde de Rovira, Víctor Alfonso Gualtero, expresó su preocupación por la falta de información oficial:
“No hemos recibido notificación sobre cuál predio ni en qué vereda sería la reubicación. No rechazamos a las víctimas, pero preocupa que lleguen bajo sentencias judiciales en contextos de riesgo”, señaló.
También advirtió sobre informes de la Fuerza Pública que indican la presencia de grupos armados ilegales en zonas rurales, lo cual agravaría las condiciones de reubicación.
🤝 Defensoría del Pueblo respalda el proceso, pero pide garantías
Ana María Enciso, delegada de la Defensoría del Pueblo, afirmó que la entidad está obligada legalmente a acompañar estos procesos:
“La reubicación es un derecho para las víctimas del conflicto. Hay una escalada nacional de violencia y desplazamientos. Nuestra labor es asegurar un tratamiento humanitario en estos casos”, explicó.
⚠️ Gobierno Departamental exige al Gobierno Nacional actuar con responsabilidad
El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez Guzmán, hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional:
“Vemos desconexión total del Gobierno central. El director de la ANT ni siquiera asistió a esta sesión tan delicada. Ya tuvimos experiencias fallidas en Honda y Suárez. No están dadas las condiciones para una reubicación segura y digna”, enfatizó.
También instó a que se garantice la concertación con autoridades locales, sin improvisaciones, para evitar que las víctimas sean reubicadas en territorios con falta de servicios básicos o presencia de actores armados.